Decenas de agricultores y tractores protestaron el pasado viernes 12 de julio en Valencia, a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana reclamando medidas urgentes para el sector.
La sequía, las nuevas plagas y la superpoblación de fauna salvaje con algunas de las reclamaciones que hacen los agricultores
Convocados por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG), los agricultores quisieron reclamar medidas urgentes al Gobierno central ante la sequía, las plagas y enfermedades, la superpoblación de fauna salvaje, los robos, los abusos comerciales, la competencia desleal y las exigencias medioambientales.
La protesta empezó con la llegada de los tractores, que cortaron el tráfico de la avenida frente a la Plaza del Temple para denunciar la dramática situación que atraviesan y finalizó con el lanzamiento de productos valencianos en grave crisis de rentabilidad, tales como cítricos, cebollas, vino, almendras, cereales o arroz.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de CCPV-COAG, Luis Fernando García, subrayaron las principales reivindicaciones de ambas organizaciones agrarias, las únicas que a nivel nacional no han firmado el paquete de medidas que propuso Planas por considerarlo “claramente insuficiente, sobre todo para la agricultura mediterránea”.
Entre las pancartas se podían leer los siguientes mensajes de denuncia: “Fauna salvaje protegida y agricultor despreciado”, “Las cebollas se ‘rotovatan’ sin precio. ¿Para qué sirve la Ley de Cadena?”, “La sequía demuestra que el Ministerio de la Intransigencia Ecológica hace aguas”, “Cien vacas sacrificadas a la semana por falta de agua. ¿Dónde está el bienestar animal?” o “Año nuevo, plaga nueva (procedente de países terceros)”.
Las organizaciones agrarias solicitaron también una mesa de sequía con urgencia
Ambas organizaciones agrarias pusieron de manifiesto la necesidad de convocar una mesa de sequía urgente para poner en marcha ayudas directas a los sectores afectados, así como una nueva política hidrológica. En esta se debe contemplar la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, un redimensionamiento de los caudales ecológicos y una apuesta por la reutilización de las aguas depuradas, mejorar los seguros agrarios para cubrir todos los riesgos de clima y fauna salvaje; e implantar un seguro de costes/ingresos agrarios.
También pidieron al Gobierno impulsar las autorizaciones excepcionales de fitosanitarios que no cuentan con alternativas eficaces en la lucha contra plagas y enfermedades vegetales. Destacaron algunos ejemplos que preocupan en el campo valenciano como autorizar la cría y liberación masiva del parasitoide Anagyrus fusciventris para el control biológico del cotonet Pseudococcus longispinus, principal plaga del caqui; autorizar productos fitosanitarios, distintos a la familia de las estrobirulinas, para evitar resistencias en el control de la piricularia del arroz, y autorizar la materia profoxydim, contra las malas hierbas del arroz Echinochloa y Leptochloa, tal como han aprobado los gobiernos de Italia y Portugal.
Otras demandas en las que se insistieron fueron la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación; el régimen simplificado de la PAC para pequeños y medianos agricultores; eliminar la obligación de tener un asesor en gestión integrada de plagas en explotaciones menores de 15 hectáreas en regadío y 30 hectáreas en secano; y suprimir la obligatoriedad de realizar fotografías georreferenciadas. Además, se reiteró la petición del cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción.
