AVA-ASAJA denuncia que los regantes pagan el doble en la factura eléctrica

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que, debido a la decisión del Gobierno de establecer un tope al coste de gas, la factura eléctrica de los regantes se ha incrementado de forma desmesurada duplicándose con respecto al ejercicio anterior. Esta medida tiene como objetivo rebajar la factura de la luz, pero implica que las centrales generadoras de electricidad que emplean esta fuente no puedan repercutir sus costes reales en la energía que ofertan al mercado. Por ello, se les tienen que compensar por ese desfase que es variable de forma horaria.

Según AVA-ASAJA, el coste adicional son los contratos indexados, los de PVPC (precio voluntario de pequeño consumidor) desde el 15 de junio de 2022 y todos aquellos contratos con precios fijos que se hayan firmado por primera vez o se hayan renovado a partir del 26 de abril de 2022. Se trata de un sobrecoste que se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023.

En consecuencia, hay una subida en los contratos que se hayan firmado por primera vez y en las renovaciones, de forma que una entidad de riego que gastaba 7.700 euros en el mes de junio de 2021, en 2022 ha tenido que pagar 14.500 euros por el uso de la misma cantidad de agua, de los cuales 2.000 euros corresponden al cargo adicional derivado del tope al gas.

Este incremento se suma a la crisis de precios

Este incremento desorbitado en los costes de producción se une a la dramática situación que vive el campo valenciano de crisis de precios. El informe del Ministerio de Agricultura «Índices de precios pagados por los agricultores», recoge que los costes de producción se han disparado casi un 30% en un año.

Los principales incrementos se han producido en la energía (+86%, tanto la electricidad (+161%) como los carburantes (+44%), los fertilizantes (+86%), los piensos para alimentación animal (+23%) o los productos fitosanitarios (+18%).

Para solventar esta situación, AVA-ASAJA exige de forma urgente al Gobierno la aplicación de medidas fiscales que resulten verdaderamente eficaces para aliviar la escalada de los costes de producción, tales como la aplicación de la doble tarifa eléctrica para el riego, bonificaciones en la factura del gasóleo y de los fertilizantes, tal como se recoge en la Ley de la Cadena Alimentaria, así como una reducción fiscal en los productos fitosanitarios.

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