La Comisión Europea propone imponer aranceles a productos agrícolas procedentes de Rusia y Bielorrusia, así como a ciertos fertilizantes a base de nitrógeno con el objetivo de limitar el riesgo para la seguridad alimentaria de la Unión Europea.
Aranceles a fertilizantes rusos y bielorusos para reducir dependencia
Según ha explicado la propia Comisión Europea, el objetivo es reducir la dependencia de las importaciones de Rusia y Bielorrusia. Estas importaciones, en particular de fertilizantes, hacen que la UE sea vulnerable a posibles acciones coercitivas. Por tanto, representan un riesgo para la seguridad alimentaria de la UE.
Sin embargo, desde hace años, Europa se enfrenta a una producción insuficiente de fertilizantes para la demanda actual, lo que hace inevitables las importantes. También, con el cierre de varias fábricas de fertilizantes en la UE, la situación ha empeorado.
En caso de ser aprobada la subida de los aranceles por el Parlamento y por el Consejo de la Unión Europea por mayoría cualificada (tiene que recibir el apoyo de 15 de los 27 Estados miembros o de países que conjuntamente representen al menos el 65% de la población total de la UE), esta comenzará a aplicarse el 1 de julio de 2025 con la aplicación a los fertilizantes nitrogenados.
Además, la aplicación del Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (CBAM) por parte de la UE va a agravar aún más los costes tanto para la producción nacional como para todo lo que entre en el mercado de la UE.
Por ello, algunas asociaciones agrarias consideran que esta medida tendrá un impacto grave en la producción y la competitividad de la agricultura española.
La propuesta incluye además medidas de mitigación en caso de que los agricultores de la UE experimenten un aumento sustancial en los precios de los fertilizantes
La CE ha manifestado que la propuesta incluye medidas de mitigación en caso de que los agricultores de la UE experimenten un aumento sustancial en los precios de los fertilizantes.
No obstante, los agricultores europeos no tienen garantías de que el déficit de fertilizantes vaya a compensarse con un aumento de la producción nacional a un precio competitivo. También, su aprobación, haría subir el precio de los fertilizantes al menos 40/45 euros por tonelada para la próxima campaña agrícola. Ello supondría una presión financiera adicional para las explotaciones agrícolas que ya se enfrentan a una coyuntura económica muy complicada. Las consecuencias para la producción agrícola, la competitividad y los ingresos de los agricultores podrían ser catastróficas.
Pedro Barato, presidente de ASAJA, asegura que “las cifras podrían llegar hasta un nivel prohibitivo de 315 o 430 euros por tonelada, respectivamente, tres años después del inicio de la aplicación del reglamento propuesto, un nivel que sería aproximadamente del 100% en términos ad valorem, lo que sería de nuevo un duro golpe para el sector primario”.
ASAJA advierte que, aunque puede llegar a comprender la legitimidad de las razones geopolíticas que llevan a la Comisión a actuar, una vez más, será el sector agrícola quien asuma, como moneda de cambio, las consecuencias económicas de estas decisiones.
