LA UNIÓ denuncia el incremento del 45% en las alertas europeas en productos importados con materias activas no autorizadas

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LA UNIÓ Llauradora denuncia que el sistema europeo de alertas ha detectado 892 casos en 2024 de productos importados con materias activas no autorizadas, lo que supone un incremento del 45% respecto a 2023.

La organización agraria revela el aumento de las alertas por materias activas no autorizadas del 45%

En 2024 el sistema europeo de alertas en alimentos RASFF ha detectado un total de 892 rechazos de productos hortofrutícolas de terceros países con materias activas no autorizadas en la Unión Europea o por superar los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos. En 2023, el número fue de 613, por lo que supone un incremento del 45% y refleja la gravedad del asunto en un contexto de reducción de los productos fitosanitarios en la UE.  

Este crecimiento tan relevante de un año para otro se produce sin que existan mecanismos de reciprocidad en los estándares de producción entre los productos importados y europeos. Tampoco se han adoptado las cláusulas espejo ni se ha llegado a ningún tipo de compromiso en la reducción de materias activas en terceros países.

Ante la magnitud de estos datos, LA UNIÓ propone incrementar al 50% el control de identidad y físicos a las frutas y hortalizas de los países con mayor número de intercepciones. En este caso, los países con mayor incidencia serían Turquía y Egipto. Además, para que resulten efectivos, reclama que se amplíe el período de estas medidas a 12 meses. Si durante este período, se observa un incremento del 5% de las alertas en algún producto, plantean el cierre de las importaciones de estos países y de los productos agrícolas con restos de pesticidas no autorizados en la UE o que superen los LMR establecidos. 

Sin mecanismos de reciprocidad ni cláusulas espejo, la UE debería plantearse su política de reducción de materias activas

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, indica que “no se avanza nada en la reciprocidad, las cláusulas espejo se quedan siempre en un mero anuncio pero nunca son una realidad. Las autoridades comunitarias deberían plantearse su política de reducción de materias activas si no es capaz de avanzar en estos otros aspectos. Si determinadas sustancias o productos fitosanitarios son malas aquí para los consumidores, también serán las que nos entran con los productos importados”.

En este sentido Peris señala que “las autoridades comunitarias no pueden hacer por más tiempo la vista gorda ante esta situación y deben garantizar que los productos agrícolas importados a disposición de los consumidores tengan los mismos estándares de producción que los que se nos exige a los agricultores europeos”.

También insiste en que mientras los agricultores europeos hacen un sobreesfuerzo para la reducción del uso de pesticidas, con las dificultades para controlar las plagas y mayores costes productivos que han conllevado, en las importaciones se debería exigir de la misma manera. Solo el control del trips sudafricano ha supuesto en esta campaña un aumento de los gastos del 40%.

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