La Eurocámara ha votado hoy impugnar el acuerdo comercial UE-Mercosur firmado el pasado 9 de enero, lo que podría retrasar su aplicación hasta dos años.
El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur —integrado por los países Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— atraviesa un nuevo episodio de inestabilidad. Apenas unas semanas después de que la Comisión Europea lograra cerrar el pacto el pasado 9 de enero, el Parlamento Europeo ha dado un giro inesperado al proceso y ha decidido paralizar su tramitación.
La Eurocámara considera que el acuerdo plantea dudas relevantes sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario. Por este motivo, ha optado por remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el fin de que evalúe si el contenido del pacto respeta los principios fundamentales de la legislación europea.
El envío del acuerdo al TJUE implica un retraso significativo en su entrada en vigor. Según los plazos habituales del tribunal, este tipo de dictámenes pueden tardar entre 18 y 24 meses. La resolución llegaría como mínimo a mediados de 2027 o inclusive en 2028.
Hasta que el TJUE emita su opinión, el acuerdo queda bloqueado de facto, a pesar de la firma oficial celebrada recientemente en Paraguay. No obstante, la legislación europea contempla que la Comisión podría aplicar el acuerdo de manera provisional sin necesidad de la ratificación del Parlamento, siempre que al menos uno de los países de Mercosur lo ratifique previamente, algo que todavía no se ha producido.
División política en Bruselas y dudas legales sobre el acuerdo
La votación en el Parlamento Europeo refleja la profunda división que genera el acuerdo con Mercosur. Para agricultores y ganaderos, el acuerdo supone ventajas arancelarias que facilitarían la entrada masiva productos agroalimentarios sudamericanas, generando una competencia desleal para las producciones europeas. Tienen previstas nuevas movilizaciones en defensa del futuro del sector agrario.
La moción para frenar su tramitación salió adelante por un margen muy estrecho: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Este resultado evidencia el choque institucional entre Parlamento y Comisión tras más de 25 años de negociaciones.
Uno de los principales puntos de fricción es el denominado mecanismo de reequilibrio, que permitiría a ambas partes reclamar compensaciones si consideran que futuras leyes vulneran lo pactado. Algunos eurodiputados temen que este sistema pueda limitar la autonomía regulatoria de la Unión Europea, además de cuestionar la base legal elegida para aprobar el acuerdo.
La situación se debatirá en una reunión extraordinaria del Consejo Europeo, en la que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 analizarán el alcance del bloqueo y fijarán posición. Desde la Comisión, el malestar es evidente. El Ejecutivo comunitario insiste en que se trata de un acuerdo de “importancia vital” para la UE. “Las preocupaciones planteadas por el Parlamento no están justificadas, ya que han sido abordadas de forma exhaustiva durante las negociaciones”, señaló el portavoz comunitario Olof Gill.
