El Gobierno y comunidades autónomas han mostrado un rechazo unánime a la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) presentada por la Comisión Europea para el próximo marco financiero 2028-2034.
Rechazo unánime a la nueva PAC por parte del Gobierno y las comunidades autónomas
Gobierno y comunidades autónomas rechazan de forma unánime la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) presentada por la Comisión Europea para el próximo marco financiero 2028-2034. Lejos de ser un debate técnico, el nuevo diseño que plantea Bruselas amenaza con tener consecuencias muy directas para miles de agricultores y ganaderos de nuestro país, especialmente en territorios como la Comunidad Valenciana.
La Comisión Europea propone integrar en un solo fondo los recursos de la PAC y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMPA). Sobre el papel, se trata de una forma de simplificar la gestión, pero en la práctica abre la puerta a que cada Estado miembro asuma más responsabilidad en la distribución del dinero, sin garantías claras de equidad entre sectores ni territorios.
A esto se suma lo que más preocupa a las comunidades: una reducción significativa del presupuesto disponible. En el caso de la Comunidad Valenciana, las primeras estimaciones hablan de más de 50 millones de euros menos en ayudas, lo que dejaría a miles de productores sin apoyo.
Los consejeros autonómicos de Agricultura coincidieron en que la propuesta es “inasumible” para el campo español durante la reunión consultiva celebrada con el ministro Luis Planas.
En el caso de la Comunidad Valenciana, Miguel Barrachina advirtió que unos 28.000 agricultores quedarían fuera de las ayudas, de los cuales 24.000 son jubilados que dependen de estas prestaciones para complementar sus rentas.
¿Qué cambios implica la nueva PAC y que piden las comunidades autónomas?
Los principales cambios que se plantea son los siguientes:
- Menos recursos significan menos inversión en modernización, sostenibilidad y adaptación al cambio climático.
- Desigualdad territorial, ya que no todas las comunidades tienen la misma estructura productiva ni las mismas necesidades.
- Riesgo para los más vulnerables, en especial los agricultores de pequeña escala, jubilados y sectores con menor margen de rentabilidad.
- Impacto en sectores clave, como el vitivinícola o la ganadería, que dependen de manera crítica de estas ayudas para mantener su competitividad en los mercados internacionales.
Frente a este escenario, Gobierno y comunidades exigen a Bruselas:
- Mantener el presupuesto actual de la PAC, sin recortes encubiertos.
- Garantizar que los fondos destinados a pagos directos y desarrollo rural sigan siendo reconocibles y específicos.
- Asegurar una distribución justa que tenga en cuenta la diversidad agronómica de España.
- Reducir la burocracia, evitando que las ayudas se conviertan en una carrera de obstáculos para los productores.
El campo español ha hablado con una sola voz: la nueva propuesta de Bruselas no es aceptable. En Coarval compartimos este rechazo, ya que del futuro de la PAC depende la viabilidad de miles de explotaciones, la sostenibilidad de nuestro medio rural y la seguridad alimentaria de todos.
