El Gobierno ha aprobado 88,7 millones de euros en ayudas para el sector agrario afectado por la DANA Adam, de los cuales 85 millones de euros serán para reparar infraestructuras agrarias, compensaciones por daños en explotaciones y financiación con un 15 % a fondo perdido.
85 millones de euros para reparar regadíos y caminos rurales dañados
El Consejo de Ministros, reunido el 10 de noviembre, ha dado luz verde a un paquete de medidas urgentes destinado a facilitar la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones. Las actuaciones contemplan la reparación de infraestructuras agrícolas, ayudas directas a los productores asegurados y nuevas facilidades de financiación para agricultores y ganaderos.
Estas medidas se recogen en un real decreto-ley que busca dar respuesta a los daños ocasionados por las lluvias torrenciales y las inundaciones asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Adam.
La mayor parte del presupuesto aprobado, 85 millones de euros, se destinará a la reparación de emergencia de las infraestructuras de regadío y los caminos rurales de uso agrario que hayan resultado dañados por las inundaciones.
Los trabajos serán ejecutados mediante contratos de emergencia gestionados por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), con el objetivo de recuperar las instalaciones y vías necesarias para el desarrollo de la actividad agrícola.
Para poner en marcha estas actuaciones, los alcaldes de los municipios afectados y los presidentes de las comunidades de regantes deberán comunicar los daños registrados en sus territorios e instalaciones dentro del plazo establecido en el real decreto-ley.
Esta comunicación será fundamental para identificar las infraestructuras afectadas y determinar las necesidades de reparación.
Ayudas directas para agricultores afectados por la DANA Adam y seguros agrarios
El paquete de medidas también incluye ayudas directas para los agricultores que tengan contratado un seguro agrario y hayan sufrido pérdidas como consecuencia de la DANA Adam.
Estas ayudas permitirán alcanzar hasta el 70 % del coste de la póliza, el porcentaje máximo autorizado por la normativa comunitaria. Además, contemplan la compensación de los daños que no hayan quedado cubiertos por la indemnización del seguro, incluida la franquicia.
La concesión se realizará de oficio a los titulares de pólizas que hayan comunicado siniestros relacionados con los fenómenos meteorológicos registrados entre el 17 y el 19 de octubre de 2026, por lo que no tendrán que presentar una solicitud específica para acceder a estas compensaciones.
Asimismo, las ayudas estarán exentas de tributación, lo que permitirá que los beneficiarios reciban las cantidades concedidas sin que estas generen una carga fiscal adicional.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende reducir el impacto económico de las pérdidas agrícolas y reforzar el papel de los seguros agrarios como instrumento de protección frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Créditos ICO-MAPA-SAECA con ayudas del 15 % y nuevas exenciones fiscales
Otra de las medidas aprobadas está dirigida a facilitar el acceso a financiación de los agricultores y ganaderos afectados por las inundaciones.
Para ello, el Gobierno ampliará los plazos y el ámbito de aplicación de la línea de financiación DANA/ICO-MAPA-SAECA, que permitirá acceder a préstamos con una ayuda a fondo perdido equivalente al 15 % del principal del crédito.
Además, los beneficiarios estarán exentos de asumir el coste del aval, lo que reducirá los gastos asociados a estas operaciones de financiación.
Esta medida busca proporcionar liquidez a las explotaciones agrarias que necesiten afrontar reparaciones, recuperar su capacidad productiva o hacer frente a los gastos derivados de los daños ocasionados por la DANA.
Por otra parte, el real decreto-ley establece una exención en el IRPF para determinadas ayudas autonómicas y locales destinadas a compensar daños provocados por catástrofes naturales, como inundaciones, incendios, hundimientos o erupciones volcánicas.
Esta exención tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025 y se aplicará cuando las ayudas concedidas por comunidades autónomas o entidades locales tengan beneficiarios y requisitos idénticos o similares a los de una ayuda estatal exenta destinada a compensar los daños de la misma catástrofe.
