Tras meses de negociaciones, el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de la Cadena Alimentaria, que busca una relación más justa entre agricultores, ganaderos, industria y distribución
Se trata de una regulación que lleva en marcha casi una década, tras su aprobación en 2013 de la mano del por entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y que busca mejorar las relaciones entre todos los eslabones de la cadena de producción y distribución de los alimentos.
¿En qué consiste la Ley de la Cadena Alimentaria?
La Ley de la Cadena Alimentaria pretende ofrecer un marco legislador con las buenas prácticas, regulaciones y de sanciones que desarrollan entre los participantes del sector de la alimentación. Desde los productores –agricultores o ganaderos–, las cooperativas agrarias, la industria y fabricantes; hasta la distribución, sean supermercados, hipermercados o grandes firmas de hostelería.
El objetivo de esta regulación es que haya mayor transparencia en fijación de precios y, sobre todo, aumentar la protección de los eslabones más débiles, como es el caso de los pequeños agricultores y ganaderos. Además, pretende mantener a raya las prácticas anticompetitivas como vender por debajo de coste o cobrar menos de lo que se ha pagado.
¿Cuáles son los principales cambios que plantea?
La ley introduce algunos cambios para todos los actores de la cadena, como que siempre tendrán que sellar sus contratos por escrito y reflejar los costes a los que se enfrentan. Estos contratos, nuevos o en vigor, tendrán que constar en una plataforma, un registro virtual. Y, en caso de que se produjeran denuncias por incumplimiento, los responsables de supervisar la cadena (comunidades autónomas o la Agencia de Información y Control Alimentarios), tendrán esta información a su disposición para tomar las medidas oportunas.
Por el contrario, la ley no conlleva el establecimiento de precios para los productos, sino que la administración pública opta por ofrecer unas recomendaciones.
¿Cómo afecta a agricultores y ganaderos?
Los agricultores y ganaderos consideran que les puede ser útil para la problemática actual de los altos costes de producción, pero que no se trata de la solución definitiva por los mecanismos o rendijas para esquivar la regulación que existen.
Por su parte, COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, recalca la necesidad de implementar las herramientas adecuadas para que dicha legislación funcione, y se practiquen tanto las inspecciones de oficio –y que sean inmediatas–, como sanciones, que se hagan efectivas rápidamente y se conozcan por la opinión pública.
Pese a este nuevo marco legislador, las movilizaciones siguen previstas para las próximas semanas porque consideran que, además de legislar, también es importante visibilizar su situación ante el conjunto de la sociedad. Además, reclaman que se canalicen al sector fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea y cambios fiscales para, por ejemplo, igualar el IVA del sector ganadero y el agrícola.
